Legislatura: Comenzó el análisis del proyecto del Presupuesto 2025

Según el proyecto en estudio, remitido oportunamente por el gobernador, para el Superior Tribunal de Justicia, se prevé destinar el próximo año 98.410.679.000 pesos. La presidenta de ese poder, Rosanna Venchiarutti explicó que se trata de “un 155 por ciento por sobre el presupuesto aprobado el año pasado” y anticipó que se centrarán en “tecnología, capacitación y mantenimiento de las dependencias ya creadas”.

En cuanto a tecnología, precisó que “la secretaría tecnológica y la de investigaciones complejas tienen una aparatología muy importante” y comentó que “las investigaciones hoy por hoy pasan por la prueba de ADN y la lectura de celulares o investigación tecnológica de computadoras, más tecnología y mucho más de cuestiones informáticas”.

Afirmó que “la digitalización va de la mano de la despapelización” y que eso le ha permitido el ahorro de 18 millones de pesos interanuales.

También se refirió a la “redistribución de todo lo que sea lugar, ya que con la colaboración del recurso humano se han distribuido los lugares y espacios para ahorrar alquileres”. “Tenemos muchas dependencias y estamos tratando de acoplarnos para ahorrar en alquileres”, aseguró.

Habló, además, de la capacitación: “A la gente le interesa algo más que el derecho, por eso las capacitaciones pasan por las ciencias blandas, por la comunicación, gestión, liderazgo, la oralidad”, aseguró. “Estamos haciendo mucho esfuerzo en todo eso, pero no quiere decir que no haya entrenamiento en argumentación, escritura, cómo hacer un buen relato o una buena sentencia”, agregó.

“Hacemos mucho hincapié en el lenguaje claro, que tiene una ley de esta Legislatura, para que lo que se decide llegue al pueblo, al ciudadano de a pie”, destacó.

Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral, Cristian Benítez, recordó que se trata de “un órgano de la Constitución, de carácter permanente, que tiene como fin primordial garantizar y custodiar los derechos políticos de los ciudadanos y los partidos, así como también velar por el cumplimiento de las leyes y los preceptos constitucionales que rigen en materia electoral”.

Respecto del presupuesto, dijo que “es austero y que básicamente contiene las previsiones necesarias para llevar adelante un nuevo proceso electoral en la provincia, en el que se renovarán las autoridades legislativas provinciales y municipales, y en determinados municipios se elegirá la figura de defensor del pueblo”.

Anunció que continuarán “trabajando para capacitar al personal de recursos humanos y realizar las inversiones necesarias en tecnología, que va a redundar en gestión y transparencia de todos los procesos.

En cuanto a los números en sí, el contador de ese organismo, Fernando Dionisi, precisó que previeron para el 2025 un incremento del 205 por ciento “tomando como base el presente ejercicio financiero no electoral” y que además “se han tomado todos los gastos que el Tribunal deberá hacerse cargo el año que viene”.

El total estimado por todo concepto es de 3.049.295.000 pesos que incluyen los gastos electorales que no están incluidos en el ejercicio autorizado del 2024 y sí se tendrán que hacer frente el año próximo por ser electoral.

En tanto, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Fabiola Bianco, dijo que la proyección de gastos de ese organismo para el próximo año es de 12.421.736.000 pesos, que tienen un incremento aproximado del 198 por ciento en relación al que está en ejecución en el año en curso”.

“Está integrado en su mayoría por la partida correspondiente a personal, que es nuestro fundamental recurso, que es aproximadamente el 89 por ciento del presupuesto proyectado, el 7 por ciento es para bienes y servicios y el 3 por ciento para bienes de capital”, detalló.

“Cuando asumimos nos propusimos como meta un organismo moderno, sustentable, vinculado digitalmente, que nos parecía el mayor desafío en ese momento, que lo enfrentamos y lo estamos transcurriendo hoy, que es digitalizar, y que requiere no sólo el recurso económico financiero sino que además que eso se traslade a las personas que llevan adelante todos estos procesos”, agregó.

“El Tribunal de Cuentas trabaja con todos los municipios y nuestra contraparte tiene que tener algún nivel de digitalización”, señaló. También refirió que certifican calidad y eso posibilitó “elaborar estadísticas para medir eficiencia y eficacia de nuestro trabajo”, expresó.

“Estamos trabajando con los principios del gobierno abierto, que promueven transparencia, rendición de cuentas, acercamiento de las partes y la construcción de una democracia mucho más sostenible, sustentada y por sobre todas las cosas más cercana y más fuerte”, añadió.

En cuanto a la Dirección Provincial de Vialidad, para la cual se prevé un presupuesto de 59.319.322.000 pesos, el presidente Sebastián Macias anunció que se prevé “un incremento mayor al 122 por ciento, relacionado con la inflación de los materiales, mano de obra y todo lo que hace a la obra pública, y también lo relacionado con la reactivación de la economía a través de la obra pública, que es un dinamizador rápido de la generación de empleo”.

Aseguró que la prioridad será el mantenimiento de la red vial, “tanto pavimentada como terrada, obras complementarias como la construcción de puentes y el acompañamiento a municipios con obras menores”-

Como ejemplos, mencionó “la continuidad de la ruta provincial 17 no solo para vincular a la provincia con dos países sino también el tráfico fronterizo”.

Dijo que “las gestiones del gobernador hacen foco en poder seguir volcando las mejoras en infraestructura, siempre destinada al comercio, industria, turismo, salud y conectividad de la provincia”.

También expuso la presidenta del EPRAC, Soledad Balán, quien informó que esperan recibir para el próximo año 508.912.000 pesos. Consideró que ese presupuesto es “austero por la situación, pero también porque es un ente regulador y no ejecutor”, y anticipó que se están “desafiando a volver con la medición del agua en todos municipios”.

“La prioridad es regular a las empresas concesionadas que trabajan con el EPRAC, lo cual va a estar “muy vinculado a las tarifas para tratar que los aumentos sean lo mínimo posible”, anunció.

“Trabajamos fuertemente en la búsqueda de fondos internacionales para ampliar algunas redes en distintas localidades, haciendo proyectos de factibilidad con el grupo técnico del EPRAC y articulando con todos los mecanismos vinculados al agua para poder medir la calidad en todos los municipios”, expresó.

El secretario de Energía, Paolo Quintana, dijo que para esa repartición se estima destinar el próximo año 13.868.879.000 pesos, que representan un incremento del 82,72 por ciento respecto del 2024.

De esos fondos, “el 85 % estaría destinado a obras de infraestructura, desarrollo del parque de generación de energías renovables y aprendizaje energético”, declaró.

Anunció que van a “continuar con la política que se viene realizando de asistencia a cooperativas y a las distribuidoras de energía eléctrica”, y precisó que dentro del área de desarrollo y eficiencia, “la incorporación de energía renovable en toda las actividades y en la matriz energética provincial”.

Finalmente, la presidenta de Energía de Misiones, Virginia Kluka, informó: “Desde la empresa hemos tenido un incremento nominal en relación con el 2024 de un 111 por ciento, que implican 39.168.691.000 pesos”.

“Este monto lo asignamos prácticamente en un 50 por ciento al programa Potenciar, que implica la mejorar la capacidad de potencia de todo lo que sea el sistema energético y tenemos también asignado un monto significativo para todas las cuestiones sociales, porque Energía de Misiones no es solo una empresa de servicios, es una empresa que está comprometida con la cuestión social de la provincia y esto se refleja en los números que le asignamos”, refirió.

“El programa Potenciar significa nuevas obras troncales y para el 2025 está planificado en el interior duplicar la potencia de la estación transformadora de San Vicente”, anunció.

“En cuanto a lo social, vamos a seguir trabajando con el programa Acceder, que tiene un alto componente social, un trabajo in situ en los barrios populares, con atención personalizada a las familias misioneras más vulnerables, que por lo general pasan a tener directamente la tarifa social, que tiene un subsidio para vecinos en situación vulnerable”, finalizó.